¿QUIERES SUPERAR EL CÁNCER?

@abogadodelmar

He leído unos cuantos libros sobre procedimientos no oficiales para combatir el cáncer y el de los doctores Rath y Niedzwiecki es definitivamente el más claro y contundente y el que desprende mayor esperanza.

Considero simplemente asqueroso que este libro no sea conocido, estimo intolerable que yo mismo haya tenido acceso a él porque conocía a alguien y entiendo que es imprescindible que todo el mundo tenga acceso a su contenido. El motivo es que el libro puede salvar muchas vidas y ahorrar muchas lágrimas a un coste ridículo.

A mí me vienen y me consultan como abogado cuál creo que puede ser el mínimo común denominador que pueda unir a todas las fuerzas de la oposición democrática, pero no puedo contestar a eso más que proponiendo el Manifiesto 2012, en el que considero que está casi todo lo que necesitamos y que creo que debe contentar a todo el mundo, salvo quizá en el apartado de transgénicos. Si empezamos a despojarnos de propuestas con la finalidad de conseguir el consenso nos quedaremos en los huesos y nos reuniremos en torno a algo que efectivamente contentará a todos pero que tendrá poco contenido, o ninguno.

El Manifiesto 2012, o más bien la reforma de la Constitución resumida en él, contiene las regulaciones precisas para que la sanidad pública integre las mal llamadas medicinas alternativas y para que el Estado tenga derecho de adquisición preferente sobre las patentes relativas a nuevos procedimientos de curación, sobre todo los que las multinacionales suelen dejar inactivos simplemente porque curan de forma barata.

El libro VICTORIA SOBRE EL CÁNCER revela los mecanismos de crecimiento y propagación del cáncer en términos que todo el mundo puede comprender, y sobre todo muestra cómo frenar esos procesos mediante el simple acto de tomar complementos de vitamina C, del aminoácido lisina y algunos otros que detalla el libro.

La obra puede ser descargada gratuitamente, así que no hace falta ni siquiera comprarla.

He colgado este resumen en video para que todo el mundo tenga acceso a una información que puede devolver la esperanza a muchas personas. Pero tenemos que hacer algo más que salvarnos nosotros o ayudar a salvarse a nuestros familiares. Tenemos que hacerlo realidad para todos. Si se hiciera lo que se debe, efectivamente los hospitales cerrarían, pero por falta de enfermos. Si se hiciera lo que se debe, los inmensos costos de la Seguridad Social se reducirían de forma espectacular. Conozco casos, no sólo éste, de procedimientos para curar determinados tipos de cáncer de forma segura a un coste aproximado de doce euros, pero estos procedimientos han sido prohibidos por las autoridades de sanidad y sus descubridores viven en la zozobra porque como se muevan los de arriba van a por ellos.

Por eso el Manifiesto 2012 sienta las bases de un cambio real hacia una sociedad que no esté tiranizada por las multinacionales farmacéuticas y por los peleles que las sirven desde los gobiernos. Si fuésemos capaces de conseguir unidad, estrategia y contenido, seríamos invencibles. En caso contrario, seguiremos toda una vida lamentándonos y poniendo me gusta en Facebook como único desahogo.

EL CASO DE DON JAIME MATAS A LA LUZ DEL MANIFIESTO 2012

@abogadodelmar

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 Me siento en el sofá, le doy al mando a distancia y, como suelo hacer puede que una vez por mes, me dispongo a escuchar el informativo de la tele, que rompe con la noticia de que el Tribunal Supremo ha revocado parcialmente la sentencia de condena a seis años de prisión de Don Jaime Matas, cambiándola por otra de nueve meses, por lo que no pasará por la cárcel.

Esto se debe a una institución muy bien conocida por la gente del sector, llamada remisión condicional de la pena. Según ella, si dicha pena es inferior a dos años de prisión y el reo carece de antecedentes, no se cumple la misma (es decir, el interesado no ingresa en prisión) siempre que se comprometa a no cometer delito durante un plazo. Esto está muy bien para impedir que pasen un tiempo en la cárcel los primerizos inexpertos que meten la pata de forma ocasional y que realmente no son peligrosos sociales, peero también para escenificar una condena penal a un político sin que a éste le pase nada y para aparentar que la maquinaria judicial funciona cuando en realidad es lo que vemos.

Yo no conozco por dentro el caso de Don Jaime Matas ni he leído la sentencia, por lo que mis opiniones se parecen en este punto a las de un lego, incluso las de un lego desinformado, lo que resulta especialmente arriesgado en cuestiones de tribunales. Aún así quiero decir lo que pienso porque la noticia me ha llegado al alma.

Dicen los papeles que la decisión del Tribunal Supremo respeta los hechos declarados probados por la sentencia de instancia (es decir, la sentencia impugnada), lo que resulta de la máxima importancia debido a la peculiar naturaleza y limitadas funciones del recurso de casación.

Veréis, el recurso de casación nada tiene que ver con la defensa de los intereses de las partes, sean éstas Don Jaime Matas o cualesquiera otras. Su función consiste en impedir que los tribunales interpreten la ley de forma divergente y por lo tanto conseguir lo que se llama unidad de doctrina. En esta búsqueda de unidad de doctrina resulta indiferente quién gane y quién pierda el asunto y esto es importante para entender el sentido de la noticia que hemos conocido hoy porque la primera consecuencia de ese carácter limitadisimo de las funciones del Tribunal Supremo es que en casación no se puede discutir la valoración de la prueba. Esto es muy fácil de entender, puesto que la valoración de la prueba concreta practicada en un procedimiento concreto, nada tiene que ver con la unidad de doctrina, es decir, con la interpretación del ordenamiento jurídico.

Únicamente cabe discutir la valoración de la prueba en casación en caso de que ésta sea rematadamente disparatada, ya que en tal caso se entenderá vulnerado el artículo 24 de la Constitución, garante de la tutela judicial efectiva. Pero en materia penal incluso aunque nos encontremos con un recurso de apelación (el que se interpone al tribunal superior porque no estamos de acuerdo con la sentencia) rara vez prospera la crítica de la valoración de la prueba. El motivo es que toda ella se practica en el juicio oral conforme a una cosa llamada principio de inmediación, que solamente significa que el juez está delante y por este motivo puede captar no solamente el contenido de las declaraciones de las partes, peritos y testigos, sino también sus gestos, el tono de su voz, si les da un sudor frío, si les tiembla un meñique o si, como sucedía al parricida de Córdoba, no pestañean. Por tanto, la doctrina oficial afirma que hay que tomar mucho colacao para revisar la valoración de la prueba incluso en apelación. Mucho más en casación.

Como he adelantado, las noticias dejan constancia de que la sentencia respeta los hechos probados, aunque niega que los mismos sean delito. No soy penalista pero tiendo a pensar que el acto mediante el cual el tribunal de instancia estudia las pruebas practicadas y decide si los hechos integran o no el tipo penal (es decir, si constituyen delito) es propiamente valoración de la prueba o se le parece mucho. En todo caso, os quiero comentar que en el mes de febrero me cayó en la manos el caso de un chaval condenado a diez años de prisión por un delito que bajo mi punto de vista no había cometido. El Tribunal Supremo no lo admitió a trámite porque afirmaba que con la casación se estaban discutiendo las mismas cuestiones, atinentes a valoración de la prueba, que ya habían sido resueltas por la Audiencia Provincial en su sentencia. No admitir el recurso a trámite consiste en que Sus Señorías ni siquiera entran a estudiar el recurso. Don Jaime Matas ha tenido más suerte.

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Y hablando de suerte… ¿Qué os parece que Matas otorgara a Nimbus (empresita del periodista Don Antonio Alemany) un concurso para que le escribieran los discursos por valor de 200.000 euros? ¿Lo habéis entendido bien? ¿Lo habéis cogido? Si lo he entendido bien, ese tío usó dinero del que pagamos en la declaración de la renta para dárselo a un periodista a fin de que le escribiera los discursos. Mucho dinero. Muchísimo ¿Quién de vosotros no querría que le dieran 200.000 euros a cambio de poner en unos folios una cuantas frases de esas que no dicen nada, tales como estamos comprometidos con la sostenibilidad medioambiental, o nos encontramos ante unos desafíos que nos exigen un gran esfuerzo colectivo?

¿Y qué os parece que Matas le diera 450.000 euros de nuestro dinero a ese mismo periodista para que montara una agencia de noticias? ¿Conocéis a muchos periodistas a los que les caiga del cielo una bolsa con 450.000 euros para que monten su propia agencia? Hay que ver qué suerte tiene el periodista Don Antonio Alemany para que le abonen muy simpáticamente 450.000 + 200.000 euros y al mismo tiempo qué pena para nosotros, que somos los que lo pagamos.

Perdón por personalizar, pero fue Jaime Matas quien, en sus tiempos de Ministro de Medio Ambiente, ordenó el derribo de la vivienda de Florentina Mora en Soller, arruinando por completo su vida. Si alguien quiere saber más, puede ver este video de seis minutos en el que, entre otras cosas, denuncié la bestialidad del caso en el Parlamento Europeo.

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¿Recordáis el caso Naseiro? La policía pilló al entonces tesorero del PP en animada conversación telefónica con un concejal del mismo partido en el Ayuntamiento de Valencia sobre financiación ilegal con dinero negro procedente de la construcción. La sentencia condenatoria fue anulada por el Tribunal Supremo con un argumento extraordinariamente llamativo, insuperablemente sospechoso y profesionalmente más que discutible: Las escuchas telefónicas habían sido autorizadas por el juez para investigar un delito de tráfico de drogas (en el que parece que el angelito del concejal estaba implicado), no en un delito relacionado con la financiación ilegal del PP. Y el asunto se archivó sin que nadie rechistara, debido a la ilegalidad de unas escuchas que habían sido previamente autorizadas judicialmente.

Lo malo que tienen estas sentencias no es que denoten una justicia que se acuclilla ante los partidos políticos, besa sus pies con sumisión, babea cuando toca y menea la cola cuando se lo mandan, sino que quedan para siempre y pueden llegar a formar jurisprudencia, con lo cual los futuros jueces deberán aplicar la misma solución a cada situación igual que se dé en el futuro, aunque se tratare de una solución aberrante.  Y lo mismo sucede con cada una de las otras decisiones arbitrarias que puedan haber adoptado los tribunales para proteger a sus amigos los políticos.

¿Sabéis qué quiere decir esto? No sólo se están cargando el país al hundir su economía y socavar sus recursos económicos, sino también al deshacer hoy y para siempre su sistema legal y judicial.

Todo esto sería imposible con la reforma de la Constitución que escribí el año pasado y resumí en diciembre en el Manifiesto 2012 (www.m2012.es). Don Jaime Matas no podría nunca haberle regalado 650.000 euros de nuestro dinero al periodista D. Antonio Alemany si hubiéramos podido contar con esta norma en la Constitución (ved la negrita):

El artículo 103 tendrá la siguiente redacción:

1. La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Ley y al Derecho.

2. Los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la Ley.

3. La ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones.

4. A fin de llenar de contenido el derecho a la información y fomentar la transparencia de los poderes públicos, cada institución del Estado deberá publicar en internet la totalidad de sus cuentas económicas y contratos, de manera que todos los ciudadanos puedan tener acceso a ellas de modo libre y gratuito.

Esta información estará disponible también y será susceptible de consulta en todas las bibliotecas públicas del país”

Las sentencias complacientes con los partidos políticos, tales como la del caso Naseiro y posiblemente la del caso Matas, nunca habrían podido dictarse si hubiéramos gozado de la siguiente regulación (ved la negrita):

El artículo 117 tendrá la siguiente redacción:

1. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la Ley.

2. Los Jueces y Magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la Ley.

3. El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan.

4. Los Juzgados y Tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por Ley en garantía de cualquier derecho.

5. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales. La Ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución.

6. Se prohíben los Tribunales de excepción.

7. La organización de los juzgados y tribunales dependerá del Consejo General del Poder Judicial, cuyos miembros serán elegidos mediante votación libre, directa y secreta por todos los miembros de la carrera judicial.

8. El Consejo General del Poder Judicial tendrá estatuto y presupuesto propio, y podrá dictar sus propios reglamentos internos de funcionamiento.

El artículo 127 tendrá la siguiente redacción:

1. El ejercicio de la función judicial y la de fiscal es incompatible con la representación o la actividad política. No se permitirá el acceso a la función judicial a miembros de los partidos políticos hasta pasados cinco años de que hayan cesado toda relación con ellos. Igualmente estará prohibido a los jueces cualquier actividad relacionada con los partidos políticos o las labores de gobierno, salvo renuncia definitiva a su plaza. La Ley establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

¿Que os parece si dejamos de lamentarnos y construimos algo por fin?

¿Qué os parece si dejamos de caminar en círculo y nos dirigimos a un sitio?

¿Qué os parece si para empezar trasladamos a nuestros semejantes la idea de que sí hay soluciones?

¿Qué os parece si movemos el manifiesto 2012 y la reforma constitucional que resume?

Necesitamos soluciones ahora.

Podéis descargar el proyecto de ley de reforma de la Constitución desde

proyecto de reforma de la constitucion enero 2013 2ª version

José Ortega

abogadodelmar@gmail.com    www.costasmaritimas.es

FABRICANDO LA SUMISIÓN

@abogadodelmar

Todos sabemos ya, y sabemos bien, que los medios de comunicación engañan, manipulan, moldean el pensamiento a la manera que quieren los amos y todo eso. Forman estos procedimientos una parte básica y fundamental de la estrategia para conseguir la sumisión del pueblo y claro está que no descubro nada nuevo.

Mucho menos visible es un proceso paralelo que tiene lugar a ojos vista pero que aún así permanece invisible. Sólo lo perciben jueces y abogados, dos colectivos que creo que están incurriendo en responsabilidad colectiva por no hacer algo al respecto.

Se trata del proceso según el cual la justicia se disipa en el aire como agua puesta en un cazo a calentar. Creemos que estamos protegidos por un sistema de derechos y por un aparato judicial pero no es así. Lo que vemos es una cáscara cada vez más vacía. Mete una jeringuilla en un huevo y aspira el émbolo llevándote todo lo que hay dentro y dejando el exterior del huevo tal como estaba: Parecerá un huevo, pero es aire. Eso mismo le está sucediendo a la justicia: Parece justicia, pero en realidad es aire. Lo que sucede es que esto sólo lo perciben los que tienen la mala sombra de tener que ir al juzgado, especialmente cuando el Estado te ataca y has concebido la candorosa idea de defenderte de él.

La jurisdicción contencioso administrativa es la especializada en resolver los conflictos entre los ciudadanos y el Estado (con el que me refiero a todas las Administraciones públicas). Trabajo en una especialidad cuya competencia es de la Audiencia Nacional y en la que el Gobierno se ha ufanado en prensa de ganar el 95% de los pleitos, lo que a mi parecer en lugar de ser motivo de orgullo debiera serlo de vergüenza porque no es posible que el Gobierno tenga siempre razón y los ciudadanos nunca. Entiendo que ese 5% de pleitos ganados por los demandantes (que en realidad creo que es el 1%) tiene una pura función ornamental, y sospecho que Sus Señorías se muerden los puños al tener que estimar algunas pocas demandas para poder seguir diciendo que eso es un tribunal y no una secta.

Pero las distorsiones respecto a la valoración de las demandas, es decir, del fondo de lo que plantean los ciudadanos, no son nada en comparación con las barreras ciclópeas impuestas por el Estado para que los ciudadanos no puedan discutir sus decisiones. A saber:

BARRERAS INTERPUESTAS EN LA PRIMERA INSTANCIA JUDICIAL

Una reciente reforma procesal ha instaurado en la jurisdicción contencioso administrativa el criterio del vencimiento en materia de costas judiciales. Quiere esto decir que el que pierde el pleito paga los honorarios del otro. Diréis que no se entiende bien esto, ya que el Abogado del Estado recibe su sueldo directamente del Estado, por lo que no tiene sentido que el ciudadano pague sus honorarios, pero así es como está funcionando desde hace cerca de un año. Hasta ahora si eras objeto de un abuso del Estado, formulabas un recurso judicial y perdías, la cosa se reducía a que perdías. Ahora ya no es así: No solamente pierdes, sino que tendrás que pagar importes entre 2.000 y 3.000 euros correspondientes a la minuta que presentará el abogado del Estado. Si os he dicho que en mi especialidad el Estado gana el 95% de los pleitos, os podéis hacer una idea de la alegría con la que van a ir al matadero unos ciudadanos que además de ver rechazadas todas sus pretensiones volverán de la corte judicial con los bolsillos más que aligerados.

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Pero, no siendo esto suficiente, Alberto Ruíz Gallardón, que estoy seguro de que pasará a la historia, ha creído conveniente dejar para la posteridad la tasa judicial, lo que implica que los ciudadanos deberán pagar cantidades que van generalmente entre 300 y 1000 euros sólo por ponerle un pleito al Estado (también funciona en la esfera civil, es decir entre particulares).

Las tasas judiciales son un fraude, ni más ni menos. Violan gravemente el derecho de tutela judicial efectiva al impedir el acceso a la justicia por motivos económicos y por supuesto el derecho de igualdad al favorecer a los ricos en detrimento de los pobres. Es algo realmente simple.

En el inicio de la democracia se suprimieron las tasas judiciales con una ley en cuya exposición de motivos se afirmaba claramente que las mismas eran incompatibles con el derecho constitucional de tutela judicial efectiva. Cuando explotó la cosa me llamó por teléfono mi compañera María Conde y me pidió que redactara un manifiesto. Yo estaba haciendo la compra. Le mencioné la ley de supresión de tasas judiciales de 1986 y en seguida me la localizó y me la remitió. No tuve más remedio que redactar el manifiesto, que aunque no sirvió de nada es muy majo:

MANIFIESTO CONTRA LAS TASAS JUDICIALES

EL PUEBLO ESPAÑOL, LOS JUECES, FISCALES, PROCURADORES, SECRETARIOS JUDICIALES, FUNCIONARIOS Y ABOGADOS,  DE COMÚN ACUERDO:

RECHAZAMOS la imposición de tasas judiciales con arreglo a la ley 10/2012, de 20 de noviembre

HACEMOS NUESTRA la exposición de motivos de la  Ley 25/1986, de 24 de diciembre, de Supresión de las Tasas Judiciales (BOE de 31 de diciembre), cuando afirma que

“La Constitución Española, en su artículo 1, propugna la libertad, la justicia, la igualdad y el prulalismo político como valores superiores del ordenamiento jurídico español. Además, en el párrafo 2 del artículo 9 instituye a los poderes públicos en la obligación de promover las condiciones para que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas, y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud.

En el ámbito de la administración de justicia, los valores constitucionales se manifiestan en el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses legítimos, reconocido en el artículo 24 de la propia Constitución. El que además de la justicia se manifiesten también la libertad y la igualdad y el que todas ellas sean, como quiere la constitución, reales y efectivas, depende de que todos los ciudadanos puedan obtener justicia cualquiera que sea su situación económica y su posición social”.

PROCLAMAMOS:

-Que los valores esenciales del sistema democrático son inalterables y no cambian con el tiempo, como sucede con la coyuntura económica, social o política. Lo que con arreglo a tales valores era bueno y justo en 1986 sigue siendo bueno y justo en 2012. Lo que era contrario a la Constitución en 1986 sigue siendo contrario a la Constitución en 2012.

-Que ninguna mayoría formada en el Parlamento está legitimada para modificar las bases esenciales de nuestra convivencia recogidas en la Constitución.

-Que exigir el pago de un precio por acceder a la justicia es como exigir el pago de un precio por ejercer el derecho a voto. Esto último nos situaría en los niveles del llamado sufragio censitario, cuando el voto estaba restringido a los ricos. En términos de valores democráticos, no existe diferencia entre la tasa judicial y el voto  censitario.

-Que la renuncia previa a ejercer acciones judiciales que envuelve la tasa judicial adquiere una especial relevancia en el ámbito contencioso administrativo, donde se transforma en una herramienta de sumisión del ciudadano frente a los abusos del Estado.

-Que a un pueblo se le puede someter a privaciones materiales y exigir sacrificios, pero no se le puede amputar su dignidad. El derecho a la justicia en un bien inmaterial del que no se puede privar a los ciudadanos por medios directos o indirectos.

En consecuencia

EXIGIMOS  la retirada inmediata de la ley 10/2012, de 20 de noviembre

BARRERAS INTERPUESTAS EN EL RECURSO DE CASACIÓN

El fundamento del recurso de casación es mantener una misma interpretación de las normas del ordenamiento jurídico, de manera que no pueda haber sentencias distintas en Soria y en Jerez de la Frontera sobre asuntos iguales. Por tanto, no es un recurso para garantizar una segunda instancia judicial para revisar la primera sentencia. No obstante, si la sentencia de casación es estimatoria, la sentencia impugnada se anula y los recurrentes se beneficiarán. En algunos procedimientos, llamados de instancia única, en los que no existe recurso de apelación, el recurso de casación es el único que cabe.

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Hace ya mucho tiempo se fijó una barrera un poco incomprensible para acceder al recurso de casación, al exigir que la cuantía del asunto fuera de más de 24.000 euros. Esto tenía poco sentido, puesto que lo que está en juego es la interpretación del derecho y para esto tanto da la cuantía. O sea, que un juez en Salamanca y otro en Las Palmas pueden o no pueden dictar sentencias contradictorias entre sí según que la cuantía  del asunto sea o no superior a 24.000 euros. Si es un tema de 23.750 euros no importa que cada una interprete la ley como le venga en gana, pero como sea de 24.100, entonces la interpretación única de pronto tiene mucha importancia.

Recientemente se ha subido el límite de la casación a 600.000 euros, una cantidad muy elevada. Quiere esto decir que la inmensa mayoría de los asuntos judiciales escaparán a la casación, o lo que es lo mismo, al control que garantiza que el derecho sea interpretado y aplicado de forma igual en todo el país.

¿Sabéis lo que significa esto? El fin de un ordenamiento jurídico estructurado, claro y con un criterio único de interpretación y aplicación de la ley. Un caos en potencia. Se están cargando el país estos burros. Ya no hay recurso de casación, puesto que sólo una pequeña proporción de asuntos supera los 600.000 euros. Vamos a prepararnos para la entropía en las salas de justicia y para que cada juez interprete la norma como le parezca conveniente.

La medida la han aprobado las Cortes en una ley muy maja imagino que inspirada por el agobio sofocante que padecen Sus Señorías con tantos asuntos pendientes de resolver. No habrán pensado en lo que haría un país razonable, esto es, dotar de más jueces al Tribunal Supremo. Y si lo han pensado, habrán llegado a la conclusión de que no lo pueden pagar. Entonces, que se vaya a paseo el derecho y que se hunda la justicia. Vamos a mantener la cáscara del huevo y la fachada del Tribunal Supremo cuidando del mismo aire vacío para que no escape. Y mantengamos la ficción de que lo que se hace tras aquellos muros es algo importante para el país.

Pero aparte de eso, desde hace unos cuatro años más o menos el Tribunal Supremo tomó la decisión dramática de revisar no con lupa sino con microscopio los recursos de casación en busca de motivos para no admitirlos a trámite. No importa cómo lo escribas: Siempre o casi siempre te dirán que tiene defectos. Perdonad que no entre a detalles, pero esto se podría transformar en una clase de derecho procesal y no procede, valga la redundancia. Dejémoslo en la declaración de que es más fácil que entre un camello por el hueco que una aguja que un recurso de casación en el Alto Tribunal. Y cuando los procedimientos son de instancia única, pues al ciudadano disconforme con la sentencia que le vayan dando. Además te llaman imbécil cuando después de docenas de años de ejercicio profesional y después de dejarte las pestañas te dicen que no has redactado correctamente el escrito de interposición o lo que se les ocurra y que no están dispuestos a admitirlo a trámite.

Mi especialidad es de instancia única. No sé si os fijáis en lo majo que es para los ciudadanos ser laminados por el pasapuré de una Audiencia Nacional que le da la razón al Gobierno en el 95% de los casos para saltar a continuación al Tribunal Supremo sólo para que los saluden diciéndoles que no piensan admitir a trámite su recurso y además de cascarles la tasa judicial les condenen en las costas. No está mal que les tengas que hacer a estos señores una transferencia de unos dos mil euros sólo por el esfuerzo que hacen en llamarte idiota y la saliva que gastan en comunicarte que no piensan leer lo que has escrito o de tres mil en el caso de que entren al fondo del asunto y pongan en tu conocimiento que no tienes razón y nunca la tuviste.

BARRERAS INTERPUESTAS CON EL RECURSO DE AMPARO

Tú crees que la Constitución te ampara y que si te chafan uno de los derechos fundamentales puedes acudir al Tribunal Constitucional con un recurso de amparo. Es lo que nos han hecho creer, pero no es así. Con el tiempo también este distinguido tribunal hizo cada vez más improbable la admisión a trámite de una demanda. No por nada, simplemente ellos decían que eso que le habían hecho al ciudadano pues que no era tan grave como para ser estudiado por ellos y fin de la discusión.

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En 2007 el Congreso y el Senado se aliaron contra el pueblo al que supuestamente representan para poner en marcha una vergonzosa reforma del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Con arreglo a esta reforma, el recurso de amparo no se admitirá a trámite si no presenta especial relevancia constitucional, lo que se entiende como especial interés para la interpretación de la Constitución. O sea, que estamos confundiendo una cuestión de injusticia material con otra de señoritos de salón que toman té y conversan entre sí sobre las sutilezas del ordenamiento jurídico mientras olfatean el aroma de un habano. O sea, que te pulen un derecho fundamental de la persona y resulta que no era realmente un derecho fundamental de la persona, porque estos señoritos bien comidos y bebidos del Tribunal Constitucional no mueven una ceja por ti si la cosa que te han hecho carece a su juicio de especial relevancia constiucional. O sea, que todo es mentira, todo es falso y todo es basura.

Imaginemos que la policía te rompe la puerta de la casa y la invade militar y ruidosamente mientras duermes o haces cosas peores: No podrás poner un recurso de amparo si esa invasión no es de especial interés para la interpretación de la Constitución. Digámoslo: Al ciudadano le importa un güevo la interpretación de la Constitución. Lo que le importa es que no le pisen el hígado. La interpretación de la Constitución es para los congresos de abogados, profesores de derecho y jueces, no para las personas. Me gustaría traer aquí una por una las fotografías de los diputados y senadores que votaron esta medida para que todos los conociérais y pudiéráis señalarlos por la calle.

Aunque con esto deberían estar más que servidos los jueces a dedo del Tribunal Constitucional, ni siquiera con esto tienen bastante. Hace un tiempo que se han desmelenado y se han metido a exigir otro requisito más, aunque no figure en la ley. Te inadmiten a trámite el recurso de amparo porque no has agotado la vía judicial previa por no poner una cosa llamada solicitud de nulidad de actuaciones. Claro está que es requisito imprescindible para acudir al Tribunal Constitucional el agotamiento de la vía judicial previa, pero la nulidad de actuaciones viene recogida en la ley como un remedio extraordinario y excepcional, que sólo se da en casos contados, justificados y raros. Pues bien, estos señores y señoras tan amables del Tribunal Constitucional han creído conveniente pervertir el ordenamiento jurídico transformando lo que ese mismo ordenamiento jurídico define como extraordinario y excepcional en algo cotidiano y repetitivo, porque como no hayas pedido esa nulidad de actuaciones te mandan a paseo sin esperar a más.

Así que van jugando con los ciudadanos y unas veces te inadmiten a trámite el amparo por carecer de especial relevancia constitucional y otras por no haber pedido la nulidad de actuaciones. Ellos se dedican a cosas serias, como la ley del aborto, el estatuto de Cataluña y cosas así. Lo que les pase a los ciudadanos no les importa ni un poco.

BARRERAS EN EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene su sede en Estrasburgo y se aloja en un edificio que era de diseño audaz en el ya lejano momento de su construcción y que hoy parece superado por los tiempos. Es la gran esperanza de todos los damnificados por los abusos del Estado que han sido triturados por la maquinaria judicial española a la manera que acabo de exponer. Esos jueces NO están controlados por el Consejo General del Poder Judicial, es decir, que NO están controlados por el PP o el PSOE. Por fin encontramos, diréis, una jurisdicción independiente.

DOCU_GRUPO EL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO AVALA LA ILEGALIZACIÓN DE BATASUNA

Pero como no todo podía ser perfecto, resulta que hay no una masa, sino una turba de ciudadanos europeos que acuden continuamente a ese tribunal hasta el punto de haber causado un atasco de 130.000 asuntos, por lo que no han tenido más remedio que cortar por lo sano y aplicar a mansalva el artículo 35 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que, como era de esperar, regula la inadmisibilidad, esa vieja compañera del ciudadano que desea discutirle algo al Estado.

Uno de los criterios que están empleando es dejar fuera los asuntos que no sean graves. Se comprende su razonamiento de que el tiempo que deben dedicar a esos temas se lo quitan a otros realmente graves. En la guía de admisibilidad se recuerda por ejemplo el caso de un capullo que llegó hasta aquel lejano tribunal para discutir una cuestión de doce euros. Pero claro, esto conduce a que te tiren abajo tu asunto por una cuestión subjetiva. Por ejemplo, me han rechazado una demanda por el derribo de tres casas en Fuerteventura pero no harían lo mismo si fueran treinta o trescientas y desde luego la víctima no es responsable de tener más o menos vecinos. Así que por ahí también se desangra la justicia y la conclusión es que no la hay.

Sin justicia no hay democracia.

José Ortega

EL MANIFIESTO DE PASEO POR ANDALUCÍA (por María Peña)

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«Conozco seis idiomas que uso en el día a día, el italiano para hablar con las mujeres, el francés para hablar de economía, el alemán para hablar de guerra, el español para hablar con Dios y el andalú…. p’ablá con loh colegah, ven pacá primo»

Luis XIV

A la vera del rio Guadalquivir, en la comarca de la Vega hay pueblos mu chiquetitos, blancos como la nácar, y llenitos de gente que pone a soleá y oreá sus sábanas y come calentitos en las plazas.

Los chiquillos juegan toavía a l´esconder y a las shapas al loro de trincá al fullero, pero ya no tienen arcancía; los agüelillos se sientan en l´azotea o en la puerta de la casa, abierta de par en par, en sus sillitas d´anea, pa ve pasar los vecinos y decir a tó el que pasa : a las güeñas noshe!!!

Una jartá de jóvenes sin curro, sin ná que jaser, que parecen ehnortaos. Un poné, se rejuntan pa bebé, y pa contarse lo que tós ya saben y están jartitos de padecé.

El 90% están paraos, antié mismo con toa la caló ( cuando el calor pasa de los 40º), arrastrando una saca papas venían unos cuantos de rebujcá.

M´arrimé a ellos y les acompañé en el camino. La via está mu malita, compare!!!!!!, me contaban. 

Y cuando er caló ( hasta de se llega a los 40º) paese que daba tregua, volví a las plazas del pueblo onde me tropecé con los mismos chavalillos de las papas.

Ahora s´estaban jartando litros. Yo creo que s´estaban pegando una pesha cerveza como pa coger una tajá.

Pero no, estaban acostumbraos. Jase mucha caló, quillo!!!!!!!

A la hora d´acoquiná vendría er gran poblema.

Buscando algo dende luego que m´aserqué, y es que intentaba que entendieran que había mushas maneras de procurar cambiar la situación.

Claro, de primeras no esperaba que mecharan cuenta , salvo algún pejiguera y otros zaboríos, los demás leyeron el MANIFIESTO 2012. Algunos a trompicones, pero no taba tó perdío, leían y leían bien.

Ehpurreaban palabras entre cashondeo, pero dehde chiquetitos habían mamao que a l áscuela se iba a prendé a leer y escribí, manque sea pa que nadie t´acabe engañando.

A las claritas del día los jornaleros pasaban por los cerros de las calles, calles empinás del pueblo. Uno de ellos se agachó delante de la puerta donde yo habitaba esos días. Metió un papel por debajo de la puerta…era un Manifiesto con 10 firmas.

Durante el día fueron llegando esos Manifiestos firmados a mis manos, más de 20 folios, con 10 firmas cada uno. Los chavales tienen ganas de cambiá er mundo, pero hay que motivarlos para ello. Me vine sabiendo que el pueblo que yo visitaba dende chiquetita, toavía podía tirá pa´lante con la juventú que tiene, namá jase farta acercarse a ellos y enseñarles a conquistá lo que tié que venir, en cuentas de quearse en las plazas arrecíos por la vida.

María Peña, desde la comarca de la Vega, Sevilla.

BIST DU DER FÜHRER?

@abogadodelmar

Captura de pantalla 2013-07-01 a la(s) 21.46.07

Artículo publicado en la revista JUSTA (Méjico). Pulsa sobre la portada.

Bist du der Führer? -pregunta la chica.

El joven alemán  la mira entre  sorprendido y  divertido y responde:

Nein, ich bin kein Führer.

La cosa iba de un paseo por algo llamado el Watt, la extensa zona del Mar del Norte que queda despejada durante la marea baja, propicia para excursiones guiadas. La muchacha estaba preguntando al joven si era él el guía y la respuesta fue casi airada:  De ninguna manera, él no era ningún guía. Pero en realidad lo era, sólo que se sentía  agredido por  el calificativo Führer, a pesar de que su significado no es otro que guía o conductor.

Está confundido quien piense que el significado de las palabras es sólo gramatical, o si se quiere semántico. Existe, superpuesto a él, un sentido cultural independiente que remite a conceptos arrastrados históricamente, y esto es lo que puede afirmarse de cuatro sustantivos que en distintos idiomas comparten el mismo significado: Caudillo, Führer, conducator y leader. Todos ellos  significan guía o conductor, pero  sólo los tres primeros se cargaron de una fuerte  connotación derivada de la oleada fascista que recorrió Europa en la mitad del siglo XX. Tanto en España como en Alemania o  Italia, el dictador asumió el papel de guía único del pueblo al mismo tiempo que el  sobrenombre de caudillo, Führer o  conducator, respectivamente.

Me parece tan grandioso como significativo que la palabra generalmente adoptada para aludir al guía o conductor provenga de la única cultura que nunca  abrazó el fascismo, por lo que es posible  pronunciarla sin evocar al diablo, por así decir. Si nos referimos a un político como a un líder, todo está bien. Si  aludiésemos a ese  mismo político  como un caudillo, la cosa sonaría muy distinta.

Esto es así incluso a costa de las distorsiones originadas por la adaptación a nuestra lengua del término leader, en particular en cuanto a la generación de un verbo nuevo y gramaticalmente incoherente (no existente en la naturaleza, podríamos decir), como es el verbo liderar.  La forma inglesa leader alude al que ejecuta la  acción de conducir (to lead), pero nosotros hemos construido de forma inconsciente  un nuevo verbo que viene a ser algo así como lead-er-ar, traducible literalmente como conductorear (término no equivalente ni primo de  pastorear, que pretende separar la acción del ganado, pastar, de  la de quien lo conduce, pastorear).

Por motivos históricos y culturales, pues, los anglosajones proporcionaron para todos la palabra leader, lo mismo que los españoles hicimos lo mismo con el término guerrilla, que que de modo recíproco fue adoptado por los anglosajones. No deja de ser significativo que los primeros hicieran triunfar un concepto asociado al buen gobierno y los segundos otro vinculado a llevar la contraria y a la resistencia frente al poder.

Pues bien, muy en contra de aquella pretensión de Francis Fukuyama del fin de la historia, nos encontramos ante un pliegue de esa misma historia en el que conviven dos procesos paralelos: De un lado el creciente poder del Nuevo Orden Mundial, que  tiende con mucho éxito a reducirnos a esclavos, y por otro una esperanzadora contestación popular acompañada de nueva conciencia que por cierto propone una política sin líderes y una gestión asamblearia y horizontal.

En el sentir de estos movimientos populares, el recelo no permanece anclado en los dirigentes que nos han llevado a la situación actual, sino que se extiende a los futuros que pudieran nacer del pueblo para sacarnos de ella. Se afirma, con razón, que cualquier dirigente es fácilmente comprable, influenciable o sobornable y de conformidad con ello se proclama el principio del empoderamiento del pueblo y se alude a la soberanía popular concretada en la asamblea como único órgano legítimo.

Me interesa mucho el momento histórico que vivimos, en el que todo es posible al menos en teoría, y en el que la sociedad se empeña en redefinirse desde el inicio, como si todo pudiera volver a nacer y fuera posible readquirir la pureza primitiva de la misma forma que Afrodita recuperaba su virginidad a voluntad bañándose en cierta fuente.

Y como efectivamente puede suceder cualquier cosa, una de las posibilidades es que no suceda nada simplemente porque no seamos capaces de rellenar de algo coherente el inmenso vacío creado por el rechazo que ha nacido hacia los partidos políticos tradicionales. O quizá que suceda algo distinto y peor de lo que esperamos.

España bulle de micropartidos y movimientos ciudadanos imagino que espontáneos. Los primeros aspiran de forma ingenua a la conquista del poder. Los segundos, de forma más ingenua aún, se creen llamados a construir una alternativa de forma horizontal y ultrademocrática y algunos de éstos últimos no ocultan el tradicional deleite del español por las formas, los gestos y las fachadas. Es el caso de los llamados constituyentes, un movimiento empeñado en que sea el pueblo el que elabore una nueva Constitución de forma semejante a los pasajeros que quisieran pilotar asambleariamente un avión comercial o a que alguno de los colectivos que tengo como clientes en el bufete decida que llevemos todos juntos el asunto de forma consensuada. Esta errónea confusión de la soberanía con la técnica legislativa me recuerda los planteamientos del hombre-masa, concepto acuñado por José  Ortega y Gasset en el clásico La rebelión de las masas e identificado más o menos con el ciudadano que pretende tener razón por el mero hecho de ser ciudadano.

He escuchado a uno de estos constituyentes afirmar con mucha dignidad que necesitamos una nueva Constitución porque una simple reforma de la actual es una chapuza. Me interesaba el punto de vista porque soy el autor del único proyecto de ley de reforma de la Constitución existente y por lo tanto de la única propuesta concreta, definida, precisa y clara de solución contra la dictadura de los mercados y a la ausencia de democracia.

Percibí en aquella contundente afirmación del constituyente un síntoma más de esa enfermedad tan española  a la que he aludido,  que es la fascinación por las formas con independencia de su contenido. Mi proyecto de reforma de la Constitución, resumido en el llamado Manifiesto 2012 (www.m2012.es), contiene herramientas para dignificar la democracia tales como la prohibición de todo gasto en campañas electorales a fin de igualar a todas las opciones, para garantizar el fin de la corrupción tales como poner las cuentas públicas en internet a disposición de todos, para obtener independencia judicial creando un ente de los jueces con presupuesto y estatuto propio, para aliviar el problema de la deuda mediante una banca nacional, para conseguir un mundo más saludable a través del derecho de tanteo y retracto del Estado sobre transacciones relativas a patentes sobre energías alternativas o medios nuevos de curación y muchas otras medidas concretas, no abstracciones ni meras intenciones o sueños. El constituyente pretendía implícitamente que todo eso y mucho más era una chapuza sólo porque venía contenido en una reforma, y aludía a la necesidad de una Constitución enteramente nueva de la que sin embargo su movimiento popular no tenía escrita una sola coma. Quiere esto decir que estaba sobreponiendo la nada a las medidas concretas sólo porque daba preferencia a una etiqueta: La etiqueta de la soberanía popular, aunque estuviera como estaba y está perfectamente vacía de contenido en cuanto a propuestas de cambio. De hecho, el problema del Manifiesto 2012 es que tiene autor. Si hubiera salido de una asamblea y fuese fruto de empoderamiento del pueblo, posiblemente habría tenido mucha más difusión.

Es esta fascinación por las formas, las etiquetas y las fachadas lo que nos pierde y lo que torna estériles los movimientos sociales. Algo parecido sucede con la forma de gobierno. Posiblemente dentro de unos años España será una República, pero para que todo siga igual. El Nuevo Orden Mundial sabe manejar bien los hilos a fin de que el pueblo crea que ha conseguido un triunfo y la contestación social se relaje durante unos años.

Los movimientos asamblearios están llamados a representar un papel nulo en el futuro político, los micropartidos no son más que el testimonio del descontento y la deseada convergencia entre unos y otros dista mucho de ser una realidad creíble. En estas condiciones, la única alternativa de poder debería venir de un nuevo liderazgo asociado a algún personaje público dotado de eso llamado carisma.  Personas como Mario Conde, que  lo intentó en su momento, o Baltasar Garzón que parece que lo ha vuelto a intentar, podrían ser en teoría los perfiles típicos de esos nuevos  salvadores de la patria. De hecho, Garzón cuenta con la confianza de muchos de los que se creen ilustrados, pero que no lo son tanto como para entender que el interesado no es persona adecuada para esa tarea.

Personalmente no percibo a ningún personaje con las cualidades necesarias para transformarse en ese líder que podría agrupar a la gran masa de ciudadanos indignados (mucho menos los anteriormente aludidos), y tampoco creo que pueda surgir, a vista de que la desconfianza metódica de los movimientos horizontales puede estar impidiendo el proceso natural de nacimiento de un fenómeno de esas características ¿Qué hacer, entonces, si los movimientos sociales no son capaces de articular una alternativa concreta y bien construida y si los nuevos líderes no se presentan o no sirven o no los dejan nacer? ¿Cómo poner en marcha un cambio?

Percibo en toda esta maraña un horrible vacío, el de lo que podríamos llamar minorías ilustradas. No hemos visto, ante una coyuntura tan desafortunada como la presente, aparecer un grupo de pensadores preocupados por la realidad social como lo fue la llamada generación de 1998 y el motivo me parece obvio: La cultura está subvencionada, por lo tanto dirigida y por lo tanto comprada. Ni escritores, ni profesores, ni actores ni cineastas parecen dispuestos a agruparse para proclamar su desacuerdo con el sistema y proponer soluciones, quizá porque tengan miedo a perder la siguiente subvención o simplemente a molestar a quienes los situaron donde están. Y este aspecto de la cuestión no me parece menor. Percibo aquí una grave responsabilidad histórica de los interesados con unas consecuencias graves que todos vamos a padecer.

Y sin embargo, la sociedad es una olla a presión a punto de estallar y como sus requerimientos no tienen espera, de una u otra forma algo nuevo tendrá que brotar. En mi opinión, el efecto combinado de la incapacidad de los ciudadanos para estructurarse, la decepcionante ausencia de contenidos de los movimientos sociales, la desconfianza hacia los posibles nuevos líderes y la pasividad de las minorías ilustradas, puede que tenga como inesperada consecuencia un resurgir del fascismo. Tengamos en cuenta que no son sólo los ciudadanos de pensamiento progresista los indignados: También hay descontento en el otro lado. Y al contrario que el resto, ellos no sólo no tienen problemas con un nuevo caudillo, sino que saben y quieren organizarse, así que mientras los constituyentes y otros grupos asamblearios se miran unos a otros dejándose arrullar por las etiquetas vacías y ensimismados con el empoderamiento del pueblo, ellos podrían captar y canalizar el descontento  popular para obtener sus fines.

En mi opinión, la sociedad debería madurar para asumir las responsabilidad de su propio destino y de esta manera tornar innecesarios los líderes, pero esto no es una realidad, sino un deseo no realizado. Por tanto, si no somos capaces de encontrar un líder, probablemente tendremos un Führer.

José Ortega

Abogado   http://www.costasmaritimas.es