MODELO DE QUEJA AL PARLAMENTO EUROPEO POR LA TIPIFICACIÓN COMO DELITO DE LA CONVOCATORIA DE MANIFESTACIONES

@abogadodelmar

Ayer me preguntó mucha gente qué se podía hacer contra el anuncio del Gobierno de tipificar como delito la convocatoria de manifestaciones y pensé (entre otras cosas) en presentar una queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, cosa que ya he hecho en una ocasión anterior con bastante éxito porque conseguí que el pleno me diera la razón aprobando una resolución que declaraba que España estaba cometiendo abusos contra los débiles. Os pongo abajo un documental que lo cuenta, para el que tenga tiempo y ganas.

Imagino que el Parlamento Europeo está saturado de siervos del Nuevo Orden Mundial, pero incluso así considero interesante la iniciativa de remitir una queja masiva. Normalmente se lo toman en serio, tramitan la petición, hacen sesiones de debate al respecto y dictan una resolución que aunque en ningún caso tiene fuerza de obligar, sí tiene una fuerte importancia política.

Me voy a poner en contacto con una diputada que nos puede ayudar y que desde luego no pertenece a nuestro bendito país.

He leído por ahí que alguien se estaba organizando para presentar una demanda ante el Tribunal de Estrasburgo, cuya designación completa es Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Les sugiero que no lo intenten para no perder inutilmente la energía. Para acceder al tribunal es preciso agotar la vía judicial del Estado signatario del Convenio Europeo de Derechos Humanos, lo que exige, además de la preexistencia de un acto administrativo que impugnar, que aún no ha nacido, un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia o la Audiencia Nacional, una casación ante el Tribunal Supremo y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Así que es mejor que lo dejéis.

La queja ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo se puede remitir por correo postal o a través de su página web mediante formulario.

Web:

https://www.secure.europarl.europa.eu/aboutparliament/es/petition.html

Dirección postal:

Oficina del Parlamento Europeo en España

Pº de la Castellana, 46

28046 – Madrid

Tel.: +34 91 436 47 47

Fax.: +34 91 577 13 65

Al Parlamento Europeo no le puedes contar lo que tú quieras porque sólo es competente para asuntos relativos al derecho europeo. Le he dedicado hoy un rato a estudiar el Tratado Constitutivo de la Unión Europea hasta encontrar el único precepto al que podemos acogernos, así que recomiendo que se mande el texto que he pegado aquí tal como está y sin alteraciones.

Como podéis imaginar, esta iniciativa exige compromiso. No compromiso colectivo y anónimo, sino individual. Ya vale de escudarnos en la masa. Ahora el que se crea valiente que dé un paso al frente, ponga sus datos personales y envíe la queja.

Quiero añadir que cuando en 2008 fundé una Plataforma ciudadana para luchar contra ciertos abusos del Gobierno, hice con ella esto mismo, que es justo lo que no estaba previsto. Si en aquella Plataforma nos hubiéramos limitado a hacer dos o tres manifestaciones, el Gobierno se habría puesto muy contento porque esas situaciones las dominan de maravilla. Lo que hicimos fue lo que ellos no preveían, una queja civilizada, razonada y bien explicada, llevada al único foro que en aquel momento podía estudiarla con respeto, como así fue. La consecuencia de esta buena estrategia es que en este momento la ley que provocaba los problemas está en vía de revisión.

Esta iniciativa que os dejo aquí no es la única que cabe. Tengo otra muy interesante, pero ya la sacaré otro día, sobre todo si veo que ésta ha despertado vuestro interés. Por eso os agradecería que me indicaseis que habéis enviado la queja, bien por comentario aquí abajo o mediante correo electrónico a joseortega@costasmaritimas.es

Una última cosa: Es muy importante que esta queja la presenten ciudadanos no españoles de la Unión Europea, que son los que se pueden quejar de un trato en España que no sufrirían en sus países de origen. Seguro que tenéis amigos de otros países.

Yo ya he presentado mi queja ¿Y tú qué vas a hacer?

AL PARLAMENTO EUROPEO

COMISIÓN DE PETICIONES

………………………….., de nacionalidad española, con domicilio en ………………………………………………., comparezco y DIGO:

Que, conforme al artículo 44 de la Carta de Derechos Fundamentales de los Ciudadanos de la Unión Europea,  mediante el presente escrito, formulo queja contra el Reino de España por vulneración de dicho Tratado en los términos que a continuación se exponen:

PRIMERO.- El Gobierno de España ha hecho pública en 11.04.2012 su intención de remitir al Parlamento un proyecto de reforma del Código Penal mediante el cual se tipifica como delito la convocatoria de manifestaciones violentas y algaradas mediante internet. Los convocantes serán considerados reos del delito de integración en banda criminal y la resistencia pasiva frente a las fuerzas del orden, como por ejemplo las sentadas pacíficas, será considerada delito de atentado. Esto es lo que se sabe en la actualidad, puesto que a esta fecha aún no se ha remitido el texto al parlamento ni el Consejo de Ministros parece haber aprobado el proyecto de ley.

SEGUNDO.- La reforma anunciada por el Gobierno pone en peligro un derecho fundamental de la persona, recogido en la Constitución de España, como es el derecho de manifestación y crea una figura inexistente en el derecho penal como es el de la responsabilidad objetiva, ya que quienes convocan una manifestación no pueden garantizar la conducta de los participantes. Según el anuncio del gobierno, los convocantes responderán de forma automática y objetiva de tales daños, de tal forma que la comisión o no de un delito por parte de los convocantes dependerá de la conducta de los terceros que participen en la manifestación. Esto resulta inaceptable tanto desde el punto de vista del principio de culpabilidad propio del derecho penal como desde el punto de vista de los derechos constitucionales de manifestación y concentración.

TERCERO.- El anuncio del Gobierno de España, tal como queda descrito en el apartado anterior, viola el artículo 293 del Tratado Constitutivo de la Unión Europea en su siguiente tenor:

Los Estados miembros entablarán, en tanto sea necesario, negociaciones entre sí, a fin de asegurar en favor de sus nacionales:

  1. — la protección de las personas, así como el disfrute y la tutela de los derechos, en las condiciones reconocidas por cada Estado a sus propios nacionales,

Los Estados firmantes del Tratado respetan los derechos de manifestación y concentración como derechos fundamentales de la persona y desde luego no tienen tipificado como delito la convocatoria de una manifestación ni tampoco la resistencia pasiva a los agentes del orden. La presencia en España, de forma permanente u ocasional, de ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea y su sujección a las condiciones sociales, políticas, legislativas y económicas de la vida en España, puede conducir a su encarcelamiento por hechos que en sus países de origen no solamente no es un delito, sino que constituye un derecho fundamental.

Por este motivo, el compareciente considera que el anuncio del Gobierno de España entra dentro de las competencias de la Unión Europea y en particular de esa Comisión de Peticiones, por lo que interesa que, previo estudio, se apruebe resolución por la que se declare que el Reino de España incumple con esta medida el Tratado Constitutivo de la Unión Europea y se le requiera para que la retire o no la ponga en marcha.

En su virtud,

SOLICITO: Se sirva tener por formulada la presente petición y, previo estudio, requerir al Gobierno de España para que no proceda a la reforma a la que se refiere el cuerpo de este escrito.

…………….. a …………………………

El documental LIBRES PERO SIN ALAS, sobre mi experiencia en el Parlamento Europeo, está aquí:

http://vimeo.com/21896503

José Ortega

http://www.costasmaritimas.es

ESPAÑA VOLVERÁ A TENER PRESOS POLÍTICOS

 @abogadodelmar

En los inicios del movimiento TOMA LA CALLE y todo eso, uno de los impulsores me consultó en qué forma se podía organizar la gran manifestación de Madrid sin incurrir en responsabilidad. 

Recuerdo que tanto la manifestación como la concentración son un derecho, y no un derecho cualquiera, sino un derecho fundamental de la persona recogido dentro de un selectísimo catálogo en la Constitución. De hecho, no se pide autorización para una manifestación, simplemente se notifica a la Autoridad la intención de hacerla. Sin embargo, dice la ley que los organizadores responden de los daños que puedan causar los manifestantes y esto obligaba a muchísima prudencia porque para aquellos chicos la iniciativa se podía convertir en un marrón de cuidado. Recomendé fundar una asociación que se encargara de notificar el acto y organizarlo, y que con su patrimonio inexistente hiciera frente a las posibles indemnizaciones. Los interesados no siguieron el consejo debido a la alergia que les produce todo lo que se parezca a estructura interna y a reglas escritas, pero no hubo motivo para arrepentirse porque la manifestación fue total y absolutamente pacífica.

Acabo de enterarme de la fastuosa noticia de que el gobierno remite al Parlamento un proyecto de reforma del Código Penal para tipificar como delito la convocatoria a través de internet de manifestaciones violentas o de algaradas. Este proyecto lo mandan al Parlamento los mismos que aplaudían la primavera árabe, nutrida de las manifestaciones convocadas precisamente a través de internet y no precisamente pacíficas si tenemos en cuenta lo que le hicieron a Gadafi. La diferencia, bajo mi punto de vista, es que las manifestaciones de la primavera árabe estaban organizadas por encargo a fin de que el Nuevo Orden Mundial pudiera hacerse propietario de esos países, lo que sólo puede hacerse si hay democracia (comprando a los partidos políticos mediante la financiación de sus campañas electorales y funcionamiento), mientras que las manifestaciones de la primavera española tenían por objeto desembarazarse de ese tipo de democracia, que no es más que una apariencia, para atraer una democracia auténtica. Si lo he entendido bien, los interesados aplauden y saludan las manifestaciones violentas, los altercados y la insurrección militar cuando el propósito es instalar una democracia ficticia que no es más que un instrumento para transformar a los ciudadanos en esclavos del gran capital internacional. Pero cuando las manifestaciones se convocan para desembarazarnos de esa basura y conseguir una democracia de verdad, esto es delito. 

He escuchado que en el proyecto la pena mínima será de dos años. El señor que defendía el texto se remitía a nosequé de medidas que podía pedir el Fiscal, pero la realidad es que esto es lo que mete más miedo y nos indica que la cosa va en serio. El Código Penal contiene una cosa llamada remisión condicional de la pena. Consiste en que a pesar de una condena a pena privativa de libertad, puedes librarte de ella si se cumplen dos condiciones: Que no tengas antecedentes penales y que la pena sea inferior a dos años. Ésta es la fórmula mediante la cual tantos condenados no pisan la prisión.

Pues bien, el gobierno no desea que una cosa así suceda. Han puesto la pena mínima en dos años para que quienes convoquen manifestaciones violentas o algaradas (esto es lo que literalmente he escuchado) no puedan acogerse a la remisión condicional de la pena y vayan de cabeza a la cárcel, lo que significa que este proyecto de ley resucita una especie que se creía extinta como es la de los presos de conciencia, también conocidos por el castizo nombre de presos políticos.

Aunque no he leído el texto, técnicamente creo que no se tiene de pie. Nadie, o nadie en su sano juicio, convoca manifestaciones violentas ni algaradas de forma expresa. Se convoca la manifestación y que haya incidentes o no esto es algo que ni se sabe ni depende de los organizadores, por lo que es prácticamente imposible la concurrencia de lo que los penalistas llaman el dolo específico de delinquir (el dolo es la intención de cometer un delito). Una cosa es que los organizadores respondan civilmente de los daños a terceros y otra muy distinta que actos violentos de los participantes puedan conducir a responsabilidad criminal de los convocantes. Imaginad los tiempos, felizmente superados, en los que el gobierno mismo convocaba manifestaciones contra el terrorismo, e imaginad que en una de esas manifestaciones uno o dos idiotas se hubieran puesto a romper cristales. Con el nuevo marco legal que se promueve, habría que pensar muy seriamente en la pena de cárcel para el Presidente del Gobierno.

  Después de las manifestaciones del 15 de mayo y el 19 de junio, nuestros amables diputados y senadores (de ambos partidos) aprobaron una vergonzosa reforma de la ley electoral para que los extraños y advenedizos (es decir, partidos nuevos que no tuvieran diputados electos) que quisieran concurrir a las elecciones precisaran la aportación de avales con un cero coma nosecuantos del censo de la circunscripción. Parece evidente que tenían miedo de que el 15M se transformara en partido político con posibles, pero en todo caso me pareció total y absolutamente notable que del mismo no saliera ninguna protesta, ninguna manifestación, concentración o crítica pública. Se trata de algo verdaderamente singular y un buen motivo de reflexión.

  Bajo mi punto de vista, esta modificación del Código Penal que ahora pretenden es una segunda gran medida legislativa antidemocrática (uso este término por cortesía. Estoy pensando en otro mucho peor). No tengo ninguna duda de que el texto es inconstitucional puesto que lesiona gravísimamente el derecho de manifestación, pero tampoco la tengo de que el Tribunal Constitucional está dispuesto a reír la gracia y a darle el visto bueno. Por algo es un tribunal nombrado por los partidos políticos. Por no mencionar el detalle de que el recurso de inconstitucionalidad sólo lo pueden formular cincuenta diputados (ellos), cincuenta senadores (ellos), el presidente del gobierno (ellos), el defensor del pueblo (ellos) y no sé si se me escapa alguien pero es igual: Sólo ellos pueden presentar recurso de inconstitucionalidad contra su propia ley. También cabe el recurso de amparo, que puede ser formulado por los particulares, pero esto me llevaría a una lacrimógena y larga explicación. Ved un post anterior, con las explicaciones que di al respecto en Heidelberg el pasado mes de enero.

  En cuanto a lo que los abogados llamamos la práctica forense que se avecina, es decir, los procesos penales contra quienes piensan distinto, tampoco tengo muchas esperanzas. Felipe González se inventó una cosa llamada el tercer y cuarto turno de acceso a la carrera judicial para juristas de reconocida solvencia. Te metías a juez o fiscal sin aprobar oposiciones, sólo con cuatro años de ejercicio aunque hubieras sido simple funcionario y sin haber pisado nunca en tu vida un juzgado, aportando un curriculum y haciendo una entrevista. Así es como pasaron a formar parte de la carrera judicial personajes que hoy son de enorme relevancia política y que previamente habían trabajado como secretarios de Ayuntamiento y ese tipo de menesteres (dignos de todo respeto). El procedimiento tenía por finalidad, tal como lo veo yo, colocar en puestos clave de la justicia penal a militantes o simpatizantes de los partidos políticos para proteger a los suyos llegado el caso. Esos mismos jueces serán los encargados de hacer caer todo el peso de la ley sobre quienes se atrevan a criticar al sistema.

  ¿Quién dejó escrito que todo está atado y bien atado? Esperad, que lo tengo en la punta de la lengua. 

  ¿Y ahora qué van a hacer los ex-acampados, el movimiento DRY, el 15M y demás familia? ¿Dejarlo correr?

JOSÉ ORTEGA